Los primeros efectos de la nueva Ley del Cine, aprobada como anteproyecto por el Gobierno el pasado 1 de junio y actualmente en tramitación parlamentaria, no se han hecho esperar. Los exhibidores aseguran que sus demandas no fueron atendidas durante la confección de la ley, y piden la disminución de la cuota establecida para el cine español ya que, según afirman, “supone reservar unos espacios para películas que nadie quiere ver”.
Por ello abogan como medida de presión por el cierre de las salas durante la jornada de hoy. En principio la inactividad afectaría a unas 1.200 pantallas, las pertenecientes a las compañías exhibidoras directamente responsables de la iniciativa. Pero se confía en que se sumen a la reivindicación hasta el 90% de los cines, lo que cubriría cerca de 4.000 salas. Es decir, la práctica totalidad de las existentes en España.
Los exhibidores también exigen al Gobierno la reserva de un periodo de explotación de las películas de seis meses hasta su salida en DVD, y protección efectiva frente al control del mercado por parte de las multinacionales norteamericanas.
Pero no es sólo este gremio el que manifiesta su desagrado hacia la Ley del Cine. Los actores de nuestro país han puesto el grito en el cielo al comprobar que el anteproyecto no les incluye entre las categorías profesionales reconocidas en el medio, y han acusado al Ministerio de Cultura de ignorar “que es imposible hacer y promocionar el cine español sin los actores”. Las asociaciones que agrupan a este colectivo –Aisge, OSAAEE y FAEE- han organizado también para hoy una asamblea informativa en Madrid, en la que podría decidirse la convocatoria de una huelga.