El pasado viernes 11 de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid ordenó el cierre de la Sala Caracol, uno de los locales de más antigüedad de la capital española y con una actividad incesante desde el año 1975. Este acto tuvo como consecuencia la cancelación de los conciertos programados para ese día y posteriores, un total de 25 eventos ya programados, y conlleva todo tipo de repercusiones económicas y laborales, tanto para los artistas, sus promotores y los mismos empleados de la sala.
Durante una rueda de prensa, Ricardo Ibáñez, uno de los abogados contratados por los propietarios del local, ha expresado su confianza en que finalmente "impere la cordura" de los responsables del Consistorio y se permita retomar la actividad musical habitual. Asimismo, se ha anunciado una concentración de protesta para el próximo jueves primero de diciembre en la Plaza de la Villa de Madrid entre las siete y las nueve de la noche.
Según el representante legal, la Sala Caracol lleva más de doce años litigando con el Ayuntamiento para realizar sus eventos. Tras obras de acondicionamiento para mejorar las medidas de seguridad e insonorización, realizadas a petición del consistorio, las autoridades municipales decidieron denegar la licencia porque se debería modificar el emplazamiento del aire acondicionado. Según Ibáñez, el ordenamiento jurídico se ha interpretado de la forma "más desfavorable" para la sala por motivos que dijo desconocer, si bien apuntó que existen "precedentes" que pudieran hacer pensar que el ayuntamiento actúa "con rencor".