La undécima edición del Festival de Arte-Nativo Viña Rock se ha visto envuelta en la polémica días antes de su celebración. La presencia en su cartel del grupo vasco Soziedad Alkoholika ha provocado la reacción de diversas organizaciones políticas y de ciudadanos particulares. Según su opinión, esta banda de Vitoria-Gasteiz procesa una ideología cercana a la defendida por ETA. Cabe destacar que diversas empresas multinacionales que iban a patrocinar los conciertos han decidido retirar sus logos de promoción ante la llegada de decenas de mensajes de queja a sus oficinas.
Por su parte, la organización del evento ha remitido el siguiente comunicado:
La programación del Festival no ha sufrido ningún cambio. La dirección del Viña siempre ha mantenido idénticos criterios para su confección y, que sepamos, no ha habido ningún motivo para cambiarlos.
Por fortuna nuestro festival, nunca ha dependido de marcas patrocinadoras, sino del público, es decir de vosotros, y mientras tengamos vuestro respaldo no peligra nuestra permanencia.
Por eso, no solamente mantendremos el mismo nivel de producción de años anteriores, sino que lo hemos incrementado sensiblemente (600 servicios, 150 duchas, 11.000 m2 de carpas, 500.000 vatios de sonido y un largo etcétera), aunque sabemos de antemano que también será insuficiente. De momento no hemos encontrado la fórmula que nos permita atender como quisiéramos a una población similar a la de una ciudad pequeña-mediana… aunque seguiremos buscándola.
En febrero de 2004, los ayuntamientos de Zaragoza y Valencia, así como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) interpusieron una denuncia contra Soziedad Alkoholika por un presunto delito de “terrorismo”. Sin embargo, el juez Baltasar Garzón decidió archivar las actuaciones judiciales contra los miembros de la formación un año después. Hace pocas semanas, la AVT interpuso una nueva denuncia contra el grupo por un supuesto delito de “enaltecimiento del terrorismo”. Ante estas nuevas actuaciones, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió la apertura del juicio oral contra los cinco miembros del grupo.